1 marzo, 2024
Sociedad

La resolución de la Corte Suprema bonaerense sobre la liberación de presos 

Por los riesgos del COVID-19 en las cárceles de la provincia: Después de todo el revuelo que causó el tema de la excarcelación masiva de presos que se veía venir durante y después del amotinamiento del Penal de Villa Devoto, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió el fallo del Tribunal de Casación que admitía la liberación masiva de presos por el riesgo del COVID-19.

De esta manera, ante el recurso de queja a ese fallo, presentado por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, decidió suspender la aplicación de la medida de excarcelación masiva de los presos. Se contemplarán los casos particulares teniendo en cuenta los riesgos por edad y enfermedades. El grado de gravedad de los delitos por los cuales están imputados y a los que estén en condiciones de cumplir sus penas en fecha próxima. Los beneficios suspendidos tendrán aplicación a partir de la fecha de esta resolución, hacia adelante. En definitiva, la Corte Suprema bonaerense será la que decida sobre cada caso en particular en los penales de la provincia de Buenos Aires. Los firmantes de esta decisión son los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari.

Se había producido un impacto importante en la opinión de los miembros de los tres poderes. Con diferentes posiciones tomadas al respecto. Los ciudadanos se expresaron con firmeza mediante tres cacerolazos, de gran adhesión, en contra de los beneficios a los presos, teniendo en cuenta por el peligro que significa para la sociedad que una gran cantidad de detenidos por actos delictivos circule por las calles. Había una corriente favorable a la liberación de sectores a favor de las excarcelaciones masivas sin filtro. El argumento tomado, a modo de excusa para aligerar el peso de las condenas, fue el riesgo de contagio del virus. En los espacios políticos también surgieron diferencias en el criterio de cada uno de ellos con posiciones opuestas. En declaraciones a la prensa, el presidente Alberto Fernández, se manifestó con esta frase: “El Estado “no pidió la libertad de nadie. Si un juez hizo algo indebido, en cuanto a la excarcelación u otorgamiento de prisión domiciliaria a acusados o condenados por delitos graves, deberá explicar lo que hizo”. También hubo una solicitud del gobernador Kicillof a los miembros de la Corte para que pongan orden en la definición de este tema.

Po otra parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, emitió un comunicado donde afirmaba que: “Las libertades que se someten a consideración de los magistrados y magistradas a causa de la propagación de la pandemia en las cárceles, encuentran fundamento en deficiencias en las estructuras del sistema carcelario y no en el trámite propio de los procesos judiciales. Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial. Frente a tal tirantez, jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien, en otras circunstancias, no podría aspirar a tales beneficios procesales. Es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros”.

   Por Juan Tucci

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