29 mayo, 2024
Nación

La ley de coparticipación, un debate pendiente desde 1996

La ley de coparticipación federal comenzó a reglamentarse en 1988, con un régimen transitorio para la distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Así nacía la Ley 23.548, por un plazo de dos años. Así subsistió hasta nuestros días, con parches y reformas sucesivas.

Los argentinos, nos debemos un debate serio porque de ella, bien conformada, depende el desarrollo federal de la Republica. Se establecía, en aquel entonces, que los fondos a distribuir se integraban con el producto de la recaudación de todos los impuestos nacionales percibidos en todas las provincias. La distribución primaria de esos recursos, destinaba a la Nación el 42,34%. Para repartir proporcionalmente entre las provincias, el 54,36%. El fondo de recuperación relativa del desarrollo de las provincias, el 2%. Para los ATN, el 1%.

La distribución secundaria sería definida por los gobernadores de todas las provincias. Algunos cambios fueron introducidos entre los años 1991 y 1992, donde se destinó una suma fija para el Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales, porcentuales de impuestos participables para el Sistema de Seguridad Social. La famosa retención del 15% de la coparticipación bruta que se les retuvo a las provincias durante muchos años y que la Justicia falló por su devolución, al poco tiempo de la asunción del gobierno de Macri. En 1993, con el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, aumentó el piso mínimo de aportes, ese excedente se destinó a financiar la Reforma del Estado y a la cancelación de deudas.

Con la reforma Constitucional de 1994, se mantuvo casi todo el contenido y puso el énfasis en la relación entre funciones y recursos. Sosteniendo los conceptos básicos de la coparticipación. Garantizó la agilidad en la remisión de los fondos. Reglamentó los mecanismos de funcionamiento de las leyes convenio y los acuerdos de Nación con las provincias. Se pactaba la cristalización de un nuevo marco fiscal para sancionarlo el 26 de diciembre de 1996. Hace ya 24 años que venimos postergando las reformas de una ley que nació hace 32 para utilizarla por un plazo de dos años como régimen transitorio. Se le realizaron algunas reformas con el correr del tiempo. Se había acordado una definición para 1996. De allí parte la cuenta de los 24 años.

Es necesario corregirla, mejorarla. Que no sea solamente un sistema de reparto de las recaudaciones impositivas. El objetivo superior debería ser que cada uno de los distritos integrantes de esta República Federal perfeccione los mecanismos necesarios para lograr el autoabastecimiento de los recursos necesarios para la gestión. El federalismo debe funcionar como red solidaria de apoyo sostenimiento e intercambio entre las provincias. Los nuevos lineamientos deben ir acompañados de programas de desarrollo para intensificar la explotación de los recursos naturales de cada región y convertirlos en capitales de crecimiento. Es muy importante convertir la riqueza natural en crecimiento. Que la ley no se ocupe de repartir pobreza.

Según la actual ley de coparticipación el objetivo es: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Que los valores a distribuir por la recaudación impositiva sean destinados a invertir en progreso y desarrollo para igualar para arriba. El debate está pendiente.

El conflicto se actualizó por el tema de la quita de aportes a la Ciudad para ayudar a la Provincia con diversos problemas de disponibilidad de dinero puestos en evidencia con el reclamo de la policía bonaerense, que había quedado muy atrás con el poder adquisitivo de sus salarios. Eso generó una rápida respuesta de Nación, que pone en evidencia qué, algo está faltando en el contenido de esta ley para prever la asistencia a las necesidades de cada una de las provincias. Quizás, una planificación anual de los recursos a distribuir para cada uno de los distritos. La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires son las que más aportan al fondo, por las características propias y particulares de cada una. Hay una gran concentración de habitantes y fuerza productiva, entre las dos, representan más de la mitad de esas variables del total del país. Como son las que más tributos generan, también tienen los gastos mayores, por el propio peso del volumen que manejan. No se llevan el porcentual de acuerdo a la dimensión de sus aportes. Es una actitud de responsabilidad solidaria con respecto al resto, pero no con sus propios habitantes. Que son los que sostienen esos recursos impositivos.

Por supuesto, hay que tratar de socorrer a los que están en aprietos. Pero sería muy importante que los fondos a repartir deberían consolidar una línea de incentivos a la producción y el desarrollo. Para que puedan independizar su economía. Los bonaerenses y lo porteños tienen también sus necesidades insolubles. No hay que dejar a nadie afuera. Por eso queda pendiente una ley que contemple todas las aristas del problema. No se trata de un simple reparto. Es necesario poner todo el empeño y la capacidad para que los argentinos podamos disponer de una ley acorde con los tiempos que estamos viviendo. Entre el gobierno y la oposición deben consensuar una ley con la que todos estén conformes y proponer objetivos de máxima optimización.

El primero y más importante, igualar las posibilidades de generar recursos a todos los distritos. El desarrollo por regiones. Buscar la manera de una distribución justa en equilibrio entre las necesidades y los aportes de cada provincia. Priorizar la ayuda en la generación de ingresos de las provincias mejorando la explotación de los recursos propios. Inversión en nuevos proyectos. Todo tiene un tiempo, en este tema, ya se ha perdido mucho. Es necesario encontrar el camino. Se entiende que este no es el momento. Las emergencias sanitaria y económica marcan la agenda. Pero después, este tema es un punto de partida para otros, fundamentales, para la salida de las crisis con producción y crecimiento. No hay mejor cierre de la nota que una frase, que es parte del contenido de la actual ley y resume su objetivo: “dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Por Francisco Grillo

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