Excarcelaciones por el COVID 19: El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en conferencia de prensa, durante la mañana del hoy, donde anunció la inauguración, para los próximos meses, de 1350 plazas en las cárceles bonaerenses. Contribuyendo así a la mejora en las condiciones de detención de los presos.
La provincia de Buenos Aires arrastra de hace muchos años una baja capacidad de plazas para albergar a la cantidad de presos necesaria para satisfacer la alta demanda en ese sentido. Allí aparece otro tema para desarrollar en otra oportunidad. Analizar si es habitual en las poblaciones de la cantidad de personas que habitan la provincia que se registren tal cantidad de personas que delinquen y que la Justicia condena a su detención. Es un trabajo pendiente de realizar consultando a las fuentes idóneas en esa materia, si estas cifras exceden a los límites normales o se está dentro de ellas. Si fuera que la delincuencia es mayor a lo deseable, sería conveniente que la sociedad investigue y busque cual es la razón que lleva a esa conducta que origina condenas. Es evidente que hay una carencia en algún lugar que genera este comportamiento. Ahora la prioridad es atender las consecuencias de esas falencias, pero no dejar de resolver las causas. Si hay muchos delincuentes, la emergencia es crear más plazas, que es lo que intenta Kicillof, pero también la solución es evitar que siga creciendo el número de los que infringen la ley. Hay una población de alrededor de 50.000 detenidos, 42.000 en cárceles y unos 15.000 den comisarias. Fuentes de entidades de derechos humanos internacionales manifiestan que, de acuerdo a las estructuras disponibles en la provincia, estarían en condiciones de albergar sólo a la mitad de ellos en condiciones adecuadas. Ese es el déficit. Faltan plazas o sobran presos. Las dos cosas. Pero la resolución no debería ser la más fácil que es reducir la cantidad de presos a ciegas, sin contemplar quienes están en condiciones de salir por temas humanitarios considerando los efectos del coronavirus y aquellos que representan, con su salida una amenaza para la sociedad. La decisión del gobernador es adecuada porque evita la salida indiscriminada. Hacen falta más plazas. La necesidad imperiosa puede resolverse ocupando, por ejemplo, los cuarteles que no tienen sentido en estos momentos y otros lugares dónde pueden ser alojados o incluso crear hospitales para aquellos internos que estén afectados. Con estas palabras Kicillof comenzó el anuncio: “En los próximos meses vamos a inaugurar 1.350 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Este Gobierno no está de acuerdo, no coincide, y en muchos casos le parece aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a alguien que ha cometidos delitos de gravedad, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión. Hay una campaña para responsabilizar al gobierno de la liberación de reclusos de las cárceles bonaerenses para generar miedo e inseguridad en la población”. Después hace referencia a Julio Conte Grand, procurador General bonaerense, que fuera designado por Maria Eugenia Vidal, recordó Kicillof, que, por el posible contagio del coronavirus en las cárceles recomendó a los defensores a impulsar prisiones domiciliarias para la población de riesgo, pero, según el Gobernador, lo hizo, pero: “omitió señalar que no podían contemplar a quienes hayan cometido delitos graves: ofensas sexuales, violaciones, delitos graves a mano armada, con violencia”. En ese sentido, vale recordar que Conte Grand comunicó, a través de una resolución firmada el 16 de marzo por la cual, efectivamente realizó esa recomendación a los fiscales y defensores, dos áreas que están dentro de su responsabilidad como procurador general de la provincia de Buenos Aires, para bajar la concentración de ocupación de las prisiones, elaborando los listados de los detenidos en condiciones de riesgo por edad o enfermedades. También a aquellos con delitos leves o con fecha cercana a su liberación. Luego, Kicillof en su alocución, continuó manifestando sobre el tema: “El Poder Ejecutivo planteó que, si el Poder Judicial concedía prisiones domiciliarias, debía tener en cuenta el tipo de delitos y el Procurador no lo hizo. No es una calificación, es un hecho”. En la conferencia también participaba el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni quién así se expresó sobre el particular: “Hemos sido muy pacientes toda esta semana, esperando al menos una mínima explicación del Poder Judicial, que nunca ha llegado porque nadie puede alegar su propia torpeza. Esta decisión del Poder Judicial no solamente ha sido torpe sino irresponsable y provocativa. La Justicia tiene ahora la facultad de ordenar este gran desorden que generó con una liberación de presos totalmente descontrolada, en la que nadie sabe quiénes son ni qué hicieron”. Son consideraciones confusas dentro de un anuncio que revela que el Gobernador lanza una medida para asegurar la detención de los que no están en condiciones de excarcelación, no para liberar. Pero se sigue jugando a la política cuando estamos en el medio de severas crisis desde la sanitaria a la económica, y nos detenemos a culpar a unos y otros desde un lado y desde los otros. Por este camino en lugar de acercarnos a la unidad nos alejamos de ella siguiendo en grietas inmaduras e irrazonables. Que el procurador y la Justicia, o el Gobierno y la oposición. Son las antinomias arcaicas y desactualizadas que deben ser erradicadas. Después, el gobernador Axel Kicillof terminó con la siguiente frase: “El gobierno provincial tiene un plan, que es ampliar el sistema penitenciario y generar condiciones de seguridad sanitaria lo más favorables posibles dada la situación por el coronavirus, porque, aunque muchos lo quieran ocultar, está pasando en todo el planeta”.
Por Francisco Grillo
